Proyecto francés antipiratería en la red prevé multas de entre 1.500 y 3.750 euros

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El nuevo proyecto de ley francés para sancionar la piratería en Internet de contenidos protegidos contempla multas de entre 1.500 y 3.750 euros

Thiollière ha presentado 15 enmiendas al proyecto legislativo, bautizado ya como Hadopi 2, entre las que figura que la condena por realizar descargas ilegales sólo podrá ser ser sancionada por la decisión de un juez y no por la Alta autoridad administrativa (Hadopi) que da nombre al texto. Todas las enmiendas han sido aceptadas por el Gobierno.

La Hadopi será la encargada de enviar al infractor un e-mailadvirtiéndole de su conducta y luego una carta certificada en caso de reincidencia, pero no podrá suspender el acceso a Internet del pirata informático porque el Consejo consitucional francés ha dictaminado que sólo un juez tiene potestad para ello.

Si llegara a ser considerado como un "falsificador" se arriesgaría a una multa de 300.000 euros y dos años de cárcel, pero el juez puede también pronunciar una pena complementaria y suspender durante un año como máximo el acceso a Internet, explica el ponente del texto.

Otra de las enmiendas prevé una multa si el abonado deja a un tercero usar su acceso a Internet para hacer descargas ilegales. El titular podría tener que pagar hasta 1.500 euros y "eventualmente" verse privado de su acceso a la red durante un máximo de un mes.

CÓDIGOS DE ACCESO

Para evitar esta situación, el titular del abono podrá instalar un sistema en su ordenador para que la entrada a determinadas páginas requiera de un código de acceso, mecanismo que podrían ofrecer los propios operadores.

En caso de que se le corte su acceso, el proveedor tendrá quince días para ejecutar la orden judicial y unos días antes del restablecimiento de la línea tendrá también que avisar a la Alta autoridad, para que elimine las pruebas del dosier del internauta acusado y evitar así que haya una lista negra de piratas 'fichados'.

Si el abonado al que se le haya cortado el acceso acude a otro operador de Internet para contratar de nuevo el servicio, se enfrentará a una multa de 3.750 euros. Otra de las novedades introducidas por el ponente es la petición de que los proveedores informen a sus abonados de los riesgos que corren si realizan descargas ilegales de contenidos protegidos.

"Hasta ahora, el abonado se arriesgaba a multas de hasta 20.000 euros y dos años de prisión. Hemos querido por tanto suavizar la sanción", explica el senador.

Por su parte, los senadores del Partido Socialista han pedido al nuevo ministro de Cultura, Frédéric Mitterrand, decretar una moratoria sobre el proyecto Hadopi 2 y organizar una amplia consulta sobre la financiación de la cultura en la era digital.

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